Argentina avanza hacia un cambio trascendental en su régimen de protección de las obtenciones vegetales. En los últimos meses, el Gobierno Nacional ha ratificado públicamente su compromiso de impulsar la adhesión del país al Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), acompañando esa iniciativa con la elaboración de una nueva Ley de Semillas compatible con dicho tratado internacional.
Actualmente, Argentina se encuentra adherida al Acta UPOV de 1978, un régimen que durante décadas brindó protección a los obtentores vegetales, pero que hoy resulta insuficiente frente a los avances de la biotecnología, el mejoramiento genético y las nuevas formas de innovación en el sector agrícola.
La adhesión a UPOV 91 constituye una actualización del sistema de propiedad intelectual aplicable a las nuevas variedades vegetales. El tratado fortalece los derechos de los obtentores, amplía el alcance de la protección sobre el material de propagación y sobre determinadas variedades esencialmente derivadas, y establece un marco jurídico más moderno y previsible para quienes invierten en investigación y desarrollo.
Desde la perspectiva de la innovación, la aprobación de UPOV 91 puede representar importantes beneficios para Argentina. Un sistema de protección más sólido favorece la inversión en programas de mejoramiento genético, incentiva el desarrollo de nuevas variedades con mayor rendimiento, mejor calidad y mayor resistencia a enfermedades o al cambio climático, y facilita la transferencia de tecnología desde empresas e instituciones extranjeras hacia el país. Asimismo, contribuye a brindar mayor seguridad jurídica a los obtentores nacionales e internacionales.
La modernización del régimen también puede mejorar la competitividad de la agricultura argentina, alineando su legislación con la de numerosos países que ya han adoptado UPOV 91 como estándar internacional para la protección de las obtenciones vegetales.
No obstante, el proyecto también ha generado un intenso debate. Diversas organizaciones de productores agropecuarios han manifestado preocupación por el alcance de los derechos conferidos a los obtentores y por el tratamiento del denominado "uso propio" de las semillas, uno de los aspectos más discutidos del Acta de 1991. En consecuencia, el desafío legislativo consistirá en alcanzar un adecuado equilibrio entre la protección de la innovación y las necesidades del sector productivo.
Todo indica que Argentina se encuentra frente a una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de propiedad intelectual aplicada a la agricultura. De concretarse la adhesión a UPOV 91, el país daría un paso significativo hacia un sistema de protección de variedades vegetales más moderno, previsible y acorde con los estándares internacionales, fortaleciendo así el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agropecuario.

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