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En el ámbito del derecho marcario, tanto en España como en Argentina, la duración de la protección otorgada a una marca registrada es de diez años. Sin embargo, el punto de partida para el cómputo de ese plazo difiere en cada sistema jurídico, generando efectos prácticos relevantes.
En el derecho español, la vigencia de la marca comienza desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), según lo establece la Ley 17/2001 de Marcas. Esto significa que, una vez concedida la marca, su protección se retrotrae a la fecha en que se presentó la solicitud. Además, durante el período de tramitación —que puede extenderse entre 12 y 20 meses— el solicitante goza de “protección provisional”, una figura reconocida en la normativa española y en armonía con el Derecho de la Unión Europea. Esta protección permite al solicitante, entre otas cosas, reclamar la reparación de daños y perjuicios frente a terceros.
En Argentina, en cambio, el plazo de diez años comienza a computarse desde la fecha de concesión de la marca por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), conforme lo establece la Ley de Marcas y Designaciones (Ley 22.362). A primera vista, esto podría parecer más beneficioso para el titular argentino, ya que esos diez años comienzan a correr una vez finalizado el procedimiento administrativo, extendiendo la duración efectiva de la protección.
Sin embargo, el sistema argentino no contempla una figura equivalente a la mencionada “protección provisional” del derecho español. En consuecuencia, en Argentina, la seguridad jurídica en la etapa inicial parecería menor que el España. En definitiva, el derecho español brinda una protección efectiva desde el momento de la solicitud, mediante la mencionada protección provisional, mientras que el sistema argentino otorga una vigencia más extensa en términos cronológicos, pero con una protección jurídica limitada durante el trámite.
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